Cuando se desea que los cambios se generalicen en materia de cobertura y propiciar su permanencia en el tiempo, es necesario considerar la incidencia en la comunidad vista como un ente en el que todos participamos, siendo uno de los caminos la incidencia en la política pública que nos rige como sociedad.
En Fundación Inclúyeme consideramos que es mucho lo que hemos hecho para incidir en la comunidad. Por ejemplo, en materia de difusión durante el año 2016 llevamos a cabo más de 900 mensajes (publicaciones en el sitio web, en las redes sociales, participaciones en medios de comunicación, entre otros) llegando con nuestros mensajes a más de 46 millones de impactos, recibiendo más de 190 mil interacciones o respuestas. Consideramos que esto es mucho pero definitivamente no suficiente.
En nuestra perspectiva, el cambio hacia la visión de la discapacidad intelectual y el espectro autista, como un tema de derechos alineados a la convención de los derechos de la ONU sin lugar a dudas ha avanzado, pero estamos aún lejos de ser satisfactorios; en la evaluación realizada en el 2014 por parte de Naciones Unidas, para revisar el cumplimiento de los compromisos de México como signatario arrojó muchas recomendaciones.
Desde nuestra perspectiva personal e institucional, estimamos que en el próximo informe que habrá de realizarse el 2018, se mostraran avances importantes, sin embargo nuevamente será un informe lleno de recomendaciones, que significarán nuevas oportunidades para continuar incidiendo en política pública.
México no es un ente aislado o abstracto, lo formamos todos y lo que hagamos o dejemos de hacer impacta positiva o negativamente en dichos compromisos para con la convención; por lo que a continuación les compartiremos algunos de los granitos de arena con los que colaboramos hacia la visión de derechos de la convención asociada a la incidencia publica: Como se ha mencionado en los textos anteriores, se presenté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de Ricardo Adair Coronel Robles, a quien al cumplir 18 años de edad se le hizo un juicio de interdicción restringiendo sus derechos y que a través de un proceso resuelto favorablemente se logró le sean restituídos.
El juicio ha sido ganado pero condicionado a una serie de requerimientos a cumplir. Uno de ellos (y uno de los más importantes) un reporte anual de Fundación Inclúyeme con el que se dará testimonio de su desarrollo en el programa de Vida Independiente, el mismo reporte resultó fundamental para que se dictaminara que requería sus derechos de regreso.
Hace algunos meses, tuvimos la posibilidad de participar en una ponencia en las instalaciones del Senado de la República, ante actores de diversos ámbitos con quienes abordamos el tema de la Inclusión laboral para Personas con Discapacidad, en la que compartimos sugerencias específicas que aún están bajo consideración.
Hemos apoyado a la Suprema Corte a que incorpore a su plantilla laboral a personas con discapacidad, siendo esto reconocido por el Presidente de la misma en una conferencia ante prensa y secretarios de estado, donde tuvimos un reconocimiento público como una instancia de apoyo fundamental para dicho proyecto.
Con el DIF-CDMX iniciamos un vínculo bajo dos vertientes: la primera es que aportar a que la dependencia des-institucionalice sus servicios tipo casa hogar avanzando hacia modelos de promoción derechos de la persona y su desarrollo hacia la independencia y autodeterminación como el llevamos a cabo en Inclúyeme.
La segunda es la incorporación de una persona en el programa de vida independiente que ya se encuentra con nosotros desde noviembre, proyectando que este piloto se amplíe tanto el DIF-CDMX como en otros sistemas DIF estatales. Somos miembros activos de Centro Mexicano para la Filantropía, de quien obtuvimos la acreditación de Transparencia e Institucionalidad, por haber alcanzado el nivel óptimo para organizaciones de la sociedad civil que perseguimos causas fundadas en los principios de solidaridad, filantropía y corresponsabilidad social.
Pertenecemos a la red de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, en donde contribuimos en diferentes proyectos y acciones que garanticen que los derechos de las personas con discapacidad sean incluidos en la agenda pública del gobierno. No tenemos duda de que hemos aportado varios granitos de arena, estamos convencidos que el avance de México en política pública es aceptable pero también somos conscientes de que resulta insuficiente. Debemos continuar pujando para que las leyes no armonizadas con la Convención sean tomadas en cuenta con el fundamento del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Seguiremos insistiendo que el Gobierno haga más, pero pregonaremos con el ejemplo.
*Director de Fundación Inclúyeme