El Estado Mexicano, incluyendo al Gobierno, los legisladores y la sociedad, tienen asignaturas pendientes con los 7.2 millones de personas con discapacidad (PcD) que requieren de una serie de servicios para eliminar las barreras que no les permiten el pleno gozo de sus derechos.
Es prioritario el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, y en este sentido, el Estado no ha cumplido cabalmente los compromisos internacionales que contrajo en materia de discapacidad al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Consciente de lo anterior, Enrique Grapa, presidente de Fundación Inclúyeme, ha tomado la iniciativa en dos direcciones: por una parte, propone la modificación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual ante la Cámara de Diputados, apoyado por 14 organizaciones de la sociedad civil y 10 expertos; y por otra, está gestionando la ampliación presupuestal para los programas relacionados a la discapacidad.
En sus propias palabras, menciona que falta armonizar la Convención con las leyes mexicanas; se trata de hacer cambios en la Ley de Inclusión y Desarrollo de PcD, puesto que no siempre se les reconoce la personalidad jurídica y las aptitudes para ser titulares de derechos y obligaciones, mismos que pueden exigir jurídicamente. El punto de fondo es que falta un sistema de apoyos para ejercer el derecho, en vez de negar el mismo, lo cual hay que corregir.
Además, propone que las PcD puedan tomar todas las decisiones que afectan a sus vidas, como lugar de residencia, rutina diaria, relaciones personales, ropa, nutrición, higiene y cuidado de la salud; así como derechos religiosos, culturales, sexuales y reproductivos. Todo ello con base en su sistema de apoyos y no por la imposición de decisiones de personas ajenas a ellos.
Lo anterior es parte de una iniciativa que presentó ante el Grupo Técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y espera que se incluya, deseablemente, en el Pleno de la Cámara de Diputados para ser votado en noviembre o diciembre de este mismo año.
En cuanto a Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual, Enrique y el grupo, proponen el derecho a ser incluido en la comunidad como ser social y con el acceso a todos los servicios ofrecidos a sus miembros para que puedan ser plenamente integrados y participar en la vida social, política y cultural, que incluye el derecho a votar y el derecho a decidir dónde y con quién vivir. Todo lo anterior, debe ser en igualdad de condiciones que los demás y basado en un sistema de apoyos.
Por otra parte, solicitó una ampliación presupuestal de programas relacionados con personas con discapacidad y sus organizaciones para cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano hacia sus ciudadanos con discapacidad.
En el documento entregado también pidió hacer las gestiones necesarias en las comisiones y el pleno para votar por el incremento presupuestal propuesto que genere mayores oportunidades de desarrollo e integración social de las PcD, lo que supone un apoyo directo para darles mayores capacidades, contribuir a mejorar sus ingresos y su calidad de vida.
Concretamente, la propuesta es un incremento de 1,225 millones de pesos para los programas, lo que representa un aumento de 2% de lo etiquetado para grupos vulnerables del presupuesto para 2018. Lo que contribuirá a desarrollar de mejor manera las recomendaciones hechas por el Comité de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas.
Datos a considerar:
• La exclusión de personas con discapacidad implica una pérdida de entre el 3% y el 7% de PIB en países en vías de desarrollo. (OIT)
• El 49% de las personas con discapacidad que trabajan NO tienen prestaciones (porcentaje 20% mayor que la población sin discapacidad).
• El 19% gana menos del salario mínimo, más del doble que su contraparte sin discapacidad.
• El 10% de las personas con discapacidad que trabajan no reciben remuneración.
• Están empleadas el 29.9% de las personas con discapacidad contra el 53.8% sin discapacidad.
• Participa en actividades económicas el 39.1 % de personas con discapacidad mayores de 15 años frente al 64.7% por ciento de su contraparte sin discapacidad.
• La presente administración en su compromiso C-084 se comprometió a proponer 41 leyes, ninguna se ha publicado.
Algunas de las organizaciones de la sociedad civil adheridas son: ANDARES A.B.P., Comunidad Down A.C., Daunis, Gente Excepcional, I.A.P.; Domus Instituto de Autismo A.C., La Casita de San Angel I.A.P., Olimpiadas Especiales A.C.; Clínica Mexicana de Autismo A.C., entre otras.