¿Será?
Como Organizaciones Civiles buscamos cumplir nuestra misión, luchando, y en ocasiones, exigiendo el cumplimiento al derecho de las personas a quienes representamos. En este caso, nuestra misión es la Inclusión, en donde nuestras acciones buscan eliminar la violación a los derechos de la persona por no poder acceder a un transporte, no poder acceder a la información, no ser tomada en cuenta y ser discriminada debido a sus características físicas, culturales o religiosas.
Ahora bien, el motivo de este escrito es el compartir con ustedes, lectores, mi cuestionamiento en relación con el derecho que, como prestadores de servicio tenemos para ser orientados, sensibilizados e informados sobre cómo brindar un servicio inclusivo.
¿Será un derecho exigible?; y si lo es ¿a quién lo exigimos?, ¿con quién nos quejamos?
He conocido a personas que ofrecen diversos servicios en la comunidad; desde el vendedor de tamales, la señora de la verdulería, el entrenador del centro deportivo o la recepción de una alcaldía. Todos ellos expresan estar de acuerdo con hacer valer el derecho a la inclusión, a la participación y a la accesibilidad.
¿Y entonces?
La inclusión no es solamente algo aprendido, la inclusión es un estilo de vida en donde se entrelazan creencias, acciones, actitudes, educación y también oportunidades que van variando en el tiempo, situación o espacio determinado. Lo que no cambia nunca, es la necesidad de interacción entre la persona y el contexto, entre el apoyo que se puede ofrecer para hacer accesible el servicio, en donde ambos deben ser tomados en cuenta en el proceso del ejercicio del derecho a la inclusión.
Generalmente abordamos el tema en relación con la persona considerada como vulnerable, pero ¿no es vulnerable también esa persona que ofrece servicios y no cuenta con las herramientas o conocimientos para poder ser accesible a todos sus clientes?
Los invito a compartir su punto de vista respecto a este tema